De unas semanas a la fecha, la Secretaría de Gobernación viene promoviendo el cumplimiento del artículo 97 de la Ley General de Población relativo a la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de que se acate la norma, empero llama la atención la premura del gobierno calderonista por hacer cumplir una disposición nacida en 1990, que ahora contiene mayores datos de identificación que los considerados originalmente en el artículo 107 de la ley de referencia. Estoy convencido de que la emisión de esta cédula tiene muchísimos más riesgos que beneficios para la sociedad mexicana a la luz de los siguientes elementos:
Primero. Es cierto que la Cédula de Identidad Ciudadana debe ser expedida por la Secretaría de Gobernación, de acuerdo al artículo 97 de la Ley General de Población. Ello es entendible por el momento histórico en que esa ley fue aprobada. El presidencialismo, la invasión del Ejecutivo sobre los otros poderes y la ausencia de debates serios sobre derecho informático y protección de datos personales tenían carta de naturalización. Hoy, en el siglo XXI, ¿alguien confiaría en la imparcialidad de Gobernación para integrar, manejar y controlar los datos más íntimos de las personas? No lo creo.
Segundo. En México aún no se aprueba una Ley Federal de Protección de Datos Personales que regule, observando las mejores prácticas internacionales, el derecho a la vida privada y el grado razonable y necesario de intrusión en este derecho humano por parte del Estado. La falta de una ley impide saber la finalidad del uso y destino del cúmulo de datos que se pretende tenga la cédula, entre ellos los biométricos. Qué bueno que se haya pensado que una cédula con estas características brinde certeza sobre la identidad y acote los casos de suplantación y homonimias. El problema es que, en las actuales circunstancias, no hay ninguna garantía de que la información contenida en la cédula en cuestión no sea utilizada con fines ajenos para los que debería ser elaborada. Por lo anterior, existen razones para pensar que puede tener un uso para fines políticos, de seguridad o fiscales, generando una afectación abusiva en el derecho a la vida privada de los mexicanos, haciendo no un Estado de cristal, sino numerificando a la persona; haciendo que el acceso a la información no sea para que el Estado rinda cuentas, sino para que los gobernados se despojen de sus espacios de intimidad.
Tercero. En la experiencia internacional el tema de la Cédula de Identidad Ciudadana ha sido una cuestión sujeta a debate, que ha ido desde la fortaleza del estado de derecho, de la amplia cultura jurídica y de la activa participación cívica como en Alemania, Bélgica o Francia, donde carecen de datos biométricos o, de plano, se han llegado a prohibir constitucionalmente números únicos. Es el caso de Portugal, como lo prescribe el artículo 35, numeral 3 de su constitución. En la exposición de motivos de la carta magna de 1976 se concluye que los derechos a la vida privada y a la dignidad humana podrían ser menoscabados por un número único de identidad, como se pretende ahora en México. El problema es que ahí no se cuenta con ninguna de las garantías efectivas que sí existen en las democracias desarrolladas. Cabe añadir también que hoy sólo existen pasaportes biométricos, no cédulas de identidad, que contienen datos menos intrusivos al derecho a la vida privada.
Cuarto. El uso de la credencial para votar como documento de identificación personal no es la solución ideal. Hasta ahora ha sido un mecanismo remedial, sin duda perfectible. Si se destinan 3 mil millones de pesos para la expedición de este documento, cabe preguntarse por qué no se invierten mejor en transformar esa credencial de elector en la Cédula de Identidad Ciudadana. La tarea podría recaer directamente en el IFE, una institución del Estado con probada eficacia en estos menesteres; además, por su naturaleza colegiada, garantiza una mayor seguridad para los ciudadanos que la Secretaría de Gobernación. Para ello sería pertinente una pequeña reforma a la Ley General de Población e impulsar una Ley de Protección de Datos Personales.
Es absurdo, por otro lado, mantener la credencial para votar y la Cédula de Identidad Ciudadana como si fueran cuotas políticas, afectando en esa hipótesis los bolsillos de los mexicanos. Del mismo modo, la intervención del IFAI en el proceso de creación de la cédula no es garantía de nada, pues, como se sabe, ese organismo carece de autonomía y forma parte de la Administración Pública Federal.
En todo caso, ante la ponderación de derechos yo prefiero la libertad y los remedios actuales de la credencial para votar que la seguridad invasiva en perjuicio del gobernado.
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