La Corte sin justicia
La Suprema Corte de Justicia es, en términos legales, el máximo órgano de la justicia mexicana, la tribuna a la que los ciudadanos del país habrían de acudir para hacer valer sus derechos legales y recibir un trato digno por parte de las autoridades. En resumen, el sitio donde recibir protección. Pero desde 1995 se ha convertido en todo lo contrario.
En aquel año en que estalló una de las peores crisis económicas y financieras del país, miles de ciudadanos buscaron una protección legal para protegerse de la práctica de la usura que estaba prohibida por la ley. Los bancos decidieron cobrar intereses sobre intereses a las familias que habían solicitado préstamos hipotecarios o créditos para automóviles, y de un día para otro sus deudas se triplicaron hasta convertirse en algo impagable.
Muchos deudores acudieron a la Corte a solicitar un juicio de anulación alegando que el anatocismo es ilegal; es decir, que los bancos no podían hacer usura cobrando intereses sobre intereses.
La esperanza de muchas familias se fijó en el buen juicio de los ministros de la Corte. En ellos estaba la esperanza de que echaran atrás los argumentos de los banqueros de que, ante la devaluación y la pérdida en los mercados financieros, ellos tenían el derecho de aplicar los mecanismos de cobro de intereses a su conveniencia.
Muchas familias pensaron que iban a salvar su patrimonio, pero todo fue en vano. Los ministros de la Corte le dieron la razón a los banqueros, legalizaron el anatocismo, la usura, y de ahí se derivo una de las peores pesadillas para la sociedad.
El golpe fue tan severo que algunos deudores no sólo perdieron su casa, auto o negocio, sino la vida. El índice de suicidios entre 1995 y 1996 creció de manera impresionante en el país.
A partir de entonces, la Corte comenzó a caer en el descrédito. Años más tarde hubo otras decisiones que aumentaron la desconfianza ciudadana, una de ellas el caso Atenco.
A raíz de la violación de los derechos humanos de los campesinos de San Salvador Atenco, golpeados, vejados, encarcelados y algunas mujeres violadas por los policías federales, se presentaron a la Corte varios recursos para que investigara el caso y se castigaran a los culpables, entre ellos el actual gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.
La Corte aceptó integrar una comisión investigadora, pero sin carácter punitivo. Al cabo de unos meses determinaron que efectivamente había habido graves violaciones a las garantías individuales, pero alegó que no estaba facultada para que se aplicara la ley a los responsables; sólo podía hacer observaciones y recomendaciones. Resultado de esta decisión los responsables de que las mujeres fueran ultrajadas quedaron libres; los que torturaron, también, y a los líderes del movimiento les aplicaron condenas de más de 100 años.
Un caso más que está por resolverse es el del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuyos integrantes fueron reprimidos, asesinados, desaparecidos y encarcelados por las fuerzas policiacas del gobernador Ulises Ruiz, apoyado por el Ejército.
Todo parece indicar que este caso seguirá la ruta del movimiento campesino de Atenco y que la Corte determinará que si hubo violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños, pero que no puede hacer nada para que se aplique la ley.
A últimas fechas, la Corte ha sido nuevamente requerida por un grupo de mexicanos lastimados en sus derechos. Se trata de los familiares de los 49 menores muertos en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, quienes acudieron a las puertas de las oficinas de los ministros a pedir que los ayuden para que se castiguen a los responsables.
En un acto deshumanizado, al recibir la petición, los ministros de la Corte decidieron aplazar la decisión porque se fueron de vacaciones, y ahora que regresan, todo parece indicar que ni siquiera aceptarán integrar una comisión investigadora porque no encuentran razones para hacerlo.
Según el proyecto de sentencia presentado por el ministro Sergio Aguirre Anguiano, "no hay razón" para aceptar la petición de los padres de familia, pues considera que las autoridades federales y locales han actuado de manera "diligente" para esclarecer los hechos.
También argumenta que el trágico hecho no alteró la vida de la ciudad de Hermosillo, el orden público o la paz social, por lo que no procede ejercer la facultad que tiene la Corte para investigar violaciones graves de garantías.
Si esta decisión se confirma en los siguientes días veremos como la Suprema Corte se va alejando cada vez más de su razón de ser, la aplicación de la justicia, y confirmará una peligrosa realidad: que las instituciones en México ya no son representativas de los intereses sociales.
JOSÉ GIL OLMOS. PROCESO. CARTÓN DE HELGUERA.
En aquel año en que estalló una de las peores crisis económicas y financieras del país, miles de ciudadanos buscaron una protección legal para protegerse de la práctica de la usura que estaba prohibida por la ley. Los bancos decidieron cobrar intereses sobre intereses a las familias que habían solicitado préstamos hipotecarios o créditos para automóviles, y de un día para otro sus deudas se triplicaron hasta convertirse en algo impagable.
Muchos deudores acudieron a la Corte a solicitar un juicio de anulación alegando que el anatocismo es ilegal; es decir, que los bancos no podían hacer usura cobrando intereses sobre intereses.
La esperanza de muchas familias se fijó en el buen juicio de los ministros de la Corte. En ellos estaba la esperanza de que echaran atrás los argumentos de los banqueros de que, ante la devaluación y la pérdida en los mercados financieros, ellos tenían el derecho de aplicar los mecanismos de cobro de intereses a su conveniencia.
Muchas familias pensaron que iban a salvar su patrimonio, pero todo fue en vano. Los ministros de la Corte le dieron la razón a los banqueros, legalizaron el anatocismo, la usura, y de ahí se derivo una de las peores pesadillas para la sociedad.
El golpe fue tan severo que algunos deudores no sólo perdieron su casa, auto o negocio, sino la vida. El índice de suicidios entre 1995 y 1996 creció de manera impresionante en el país.
A partir de entonces, la Corte comenzó a caer en el descrédito. Años más tarde hubo otras decisiones que aumentaron la desconfianza ciudadana, una de ellas el caso Atenco.
A raíz de la violación de los derechos humanos de los campesinos de San Salvador Atenco, golpeados, vejados, encarcelados y algunas mujeres violadas por los policías federales, se presentaron a la Corte varios recursos para que investigara el caso y se castigaran a los culpables, entre ellos el actual gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.
La Corte aceptó integrar una comisión investigadora, pero sin carácter punitivo. Al cabo de unos meses determinaron que efectivamente había habido graves violaciones a las garantías individuales, pero alegó que no estaba facultada para que se aplicara la ley a los responsables; sólo podía hacer observaciones y recomendaciones. Resultado de esta decisión los responsables de que las mujeres fueran ultrajadas quedaron libres; los que torturaron, también, y a los líderes del movimiento les aplicaron condenas de más de 100 años.
Un caso más que está por resolverse es el del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuyos integrantes fueron reprimidos, asesinados, desaparecidos y encarcelados por las fuerzas policiacas del gobernador Ulises Ruiz, apoyado por el Ejército.
Todo parece indicar que este caso seguirá la ruta del movimiento campesino de Atenco y que la Corte determinará que si hubo violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños, pero que no puede hacer nada para que se aplique la ley.
A últimas fechas, la Corte ha sido nuevamente requerida por un grupo de mexicanos lastimados en sus derechos. Se trata de los familiares de los 49 menores muertos en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, quienes acudieron a las puertas de las oficinas de los ministros a pedir que los ayuden para que se castiguen a los responsables.
En un acto deshumanizado, al recibir la petición, los ministros de la Corte decidieron aplazar la decisión porque se fueron de vacaciones, y ahora que regresan, todo parece indicar que ni siquiera aceptarán integrar una comisión investigadora porque no encuentran razones para hacerlo.
Según el proyecto de sentencia presentado por el ministro Sergio Aguirre Anguiano, "no hay razón" para aceptar la petición de los padres de familia, pues considera que las autoridades federales y locales han actuado de manera "diligente" para esclarecer los hechos.
También argumenta que el trágico hecho no alteró la vida de la ciudad de Hermosillo, el orden público o la paz social, por lo que no procede ejercer la facultad que tiene la Corte para investigar violaciones graves de garantías.
Si esta decisión se confirma en los siguientes días veremos como la Suprema Corte se va alejando cada vez más de su razón de ser, la aplicación de la justicia, y confirmará una peligrosa realidad: que las instituciones en México ya no son representativas de los intereses sociales.
JOSÉ GIL OLMOS. PROCESO. CARTÓN DE HELGUERA.
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