CONFIRMAN SENTENCIA DE 21 AÑOS CONTRA MUJERES OTOMÍES; AI ACUSA A LA PGR DE DISCRIMINACIÓN

CONFIRMAN SENTENCIA DE 21 AÑOS CONTRA MUJERES OTOMÍES; AI ACUSA A LA PGR DE DISCRIMINACIÓN

QUERÉTARO, Qro., 22 de febrero (apro).- El juez IV de Distrito en esta entidad ratificó la sentencia de 21 años de prisión a las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes junto con Jacinta Francisco Marcial fueron detenidas en marzo de 2006, acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante un decomiso realizado por éstos en la comunidad de Santiago Mexquititlán.

El director de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera, advirtió sobre un “proceder institucional” de la Procuraduría General de la República (PGR) en éste y otros casos, en los cuales se evidencia, dijo, una actuación discriminatoria en la procuración e impartición de justicia contra grupos vulnerables en el país, particularmente indígenas y defensores de derechos humanos. “Es preocupante. Al parecer el Estado mexicano no aprendió la lección del caso de Jacinta Marcial, que no es particular, sino incorporado a una forma de proceder institucional que tiene la PGR. Tenemos experiencias en el mismo sentido en otros estados de la República y es preocupante que se multipliquen”, puntualizó.

Por separado, el Centro de Derechos Humanos Prodh señaló que con la sentencia dictada por el juez Cuarto de Distrito, Rodolfo Pedraza Longhi, se refrenda la negativa a reconocer la presunción de inocencia de Alberta y Teresa y a presumir en los hechos lo contrario: su culpabilidad, aun cuando la acusación en su contra es absurda y carente de pruebas. Asimismo, expresó, “se perpetúa la vulneración de los derechos de ambas mujeres, manteniéndolas por tiempo indefinido en injusta reclusión”.

Jacinta Marcial fue liberada hace cinco meses, tras una fuerte presión pública contra la PGR, que derivó en que esta instancia presentara conclusiones no acusatorias en su contra. Sin embargo, la dependencia continuó el proceso en contra de las otras dos mujeres indígenas, cuya condena fue ratificada en esta segunda instancia, según dio a conocer aquí el director de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera, en una visita para apoyar a activistas que se movilizaron para exigir la liberación de ambas mujeres. En un comunicado dado a conocer este lunes, el Centro de Derechos Humanos Prodh informó que en abril de 2009 el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito determinó que la acusación contra las indígenas estaba plagada de contradicciones, por lo que ordenó reponer el procedimiento para el desahogo de nuevas pruebas. Dichas diligencias fueron realizadas en mayo y septiembre del año pasado ante la presencia del juez Cuarto de Distrito. En ellas, el juzgador conoció de primera mano las inconsistencias e incongruencias en que persistentemente incurrieron los agentes federales y, pese a ello, decidió de nueva cuenta convalidar las irregularidades existentes en la acusación de la PGR y condenar a Alberta Alcántara y Teresa González a 21 años de prisión por encontrarlas plenamente responsables del secuestro de los agentes.
Luego de conocer la sentencia, Alberto Herrera se reunió con el secretario de Gobierno, Jorge García Quiroz, para solicitar las gestiones estatales ante el gobierno federal en la causa de ambas indígenas. Herrera hizo un llamado al gobierno federal para que revise el proceso, pues para Amnistía Internacional, Teresa y Alberta son presas de conciencia que han sufrido un proceso discriminatorio de parte de la PGR por su condición de vulnerabilidad como indígenas, mujeres y, además, pobres.

“La razón de reconocerlas como presas de conciencia es para denunciar una situación más amplia de discriminación en el sistema de justicia en el país”, insistió. En entrevista, el director de AI en México explicó que está confirmado que dentro del expediente de la PGR “no obran pruebas sostenibles que demuestren su culpabilidad”. Y calificó de contradictoria la posición de la dependencia en este caso, puesto que los argumentos con los cuales se continuó el proceso en contra de las dos otomíes son prácticamente los mismos que se presentaron en el caso de Jacinta Francisco Marcial, la cual finalmente fue liberada. “Nos parece inexplicable que con las mismas circunstancias en la sustancia del proceso y la interpretación de las pruebas, el armado de las conclusiones de la PGR sea distinto”. Herrera señaló que la presión de la opinión pública y la ventilación internacional que tuvo la historia debió influir en la decisión de la Procuraduría General de la República de no proceder finalmente en contra de Jacinta Marcial. Y lamentó que reincida en su proceder discriminatorio, al reconocer la falta de responsabilidad de Jacinta y no de las otras dos mujeres, detenidas en las mismas circunstancias hace tres años.
“La PGR no debería de resolver su culpabilidad con base en la presión mediática; funciona de manera discriminatoria, además de que nadie ha reparado hasta la fecha en los años de prisión que vivió Jacinta y que no hay forma de que recupere. Las autoridades mexicanas deberían de responder por esto”, reclamó. El representante de AI en México pidió al secretario de Gobierno “detonar la interlocución con las autoridades federales en este caso”, no sin dejar de mencionar otros, como el de Raúl Hernández, promotor de los derechos humanos del pueblo tlapaneco en Guerrero, quien está preso desde hace año y medio. El nuevo gobernador de Querétaro, el priísta José Calzada, había solicitado previamente a la PGR reconsiderar los cargos y liberar de responsabilidad a Teresa y Alberta, igual que lo hizo con Jacinta Marcial, pero no tuvo éxito.

Por lo pronto, la defensa de ambas mujeres estudia los siguientes pasos que dará ante las instancias legales para conseguir la libertad de ambas. En cuanto a Amnistía Internacional, su director en México anunció que se continuará ventilando el caso, es decir, “internacionalizarlo lo más posible para que de otras partes del mundo se envíen mensajes claros al Estado mexicano. No descansaremos en nuestras movilizaciones hasta que sean liberadas”.

VERÓNICA ESPINOSA, PROCESO. CARTÓN DEL FISGÓN.