Las empresas multinacionales que pretenden controlar el mercado nacional del libro son, a luces vistas, las principales promotoras de la “Ley de Fomento para la Lectura y el Libro” que vulnera gravemente el derecho de los mexicanos a la lectura y el conocimiento. Estas empresas, insatisfechas de su posicionamiento sobre el libro de texto escolar en México, también se han posesionado de nuestras instituciones del ramo, como lo es la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, cuya presidencia la ostenta Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de Editorial Santillana, S.A. de C.V.
Estas empresas monopólicas del libro de habla hispana, quienes desde sus países de origen exportan con todos los beneficios que sus legislaciones les otorgan, ingresan al nuestro con las ventajas de una recaudación fiscal de excepción y pretenden darnos la oportunidad de leer, con un enorme rezago y a un costo razonable, las “novedades” de hace año y medio que fueron vanguardia en los distintos campos de la investigación y el conocimiento, contribuyendo así a la desinformación de los mexicanos y a la NO lectura.
El reglamento a la Ley que nos ocupa intenta justificarse como una manera de fomentar la lectura y la compra de libros, pero una ley que castiga a los consumidores, a las editoriales nacionales y evita la libre competencia controlando los precios, necesariamente tendrá efectos devastadores en nuestras industrias culturales y en la educación de los mexicanos.
Editorial Santillana, perteneciente al “Grupo Prisa”, se ostenta como líder en educación, información y entretenimiento en 22 países de habla hispana y portuguesa y cuenta entre sus empresas con influencia sobre más de 700 millones de personas. Es propietario de las editoriales “Santillana”; “Alfaguara” y entre otras, “Taurus”; “Aguilar”, “Salamandra” y “Altea”. También pertenecen a este Grupo el periódico español “El País” y las estaciones de radio conocidas como “Los 40 Principales”.
Cabe hacer notar que el Reglamento se ocupa de normar diferentes prácticas nocivas para el desarrollo de las industrias mexicanas del libro como la cancelación de las promociones que tradicionalmente llevan a cabo las tiendas de autoservicio y que atinadamente promueven la lectura mediante la figura del artículo “gancho”. Por brevedad y a manera de ejemplo, sólo destaco el contenido de los artículos 33 y 35:
Artículo 33. En los casos de venta a plazos, crédito o por suscripción, los editores o importadores podrán fijar el precio único de venta al público considerando las condiciones específicas de esas formas de venta.
Artículo 35. Ningún libro que se encuentre bajo al régimen del precio único de venta al público podrá ser objeto de dispositivos que ofrezcan beneficios al comprador tales como programas de fidelidad, cliente frecuente o similares que provean descuentos, regalos, puntos, bonificaciones o compensaciones de cualquier índole, absorción de gastos de envío o cualquier otro que implique un descuento sobre dicho precio.
Como se advierte, en este Reglamento se privilegia la legalidad de los incrementos en los precios de venta para que las empresas no mermen sus utilidades y elimina el beneficio para que los lectores no obtengan descuentos y precios accesibles por sus compras. De esta manera, el libro se convierte en un artículo de lujo para los mexicanos.
Me pregunto: ¿Debe la educación también quedar subordinada a los intereses del poder económico?
Lector, has valer nuestro Derecho a la Cultura, recientemente inscrito en los artículos 4º y 73 de nuestra Carta Magna. Los mexicanos no somos ciudadanos de tercera, ni juguete de las transnacionales.
[San Ángel, 29 de junio de 2009]
Miguel Ángel Porrúa
Librero-editor
Estas empresas monopólicas del libro de habla hispana, quienes desde sus países de origen exportan con todos los beneficios que sus legislaciones les otorgan, ingresan al nuestro con las ventajas de una recaudación fiscal de excepción y pretenden darnos la oportunidad de leer, con un enorme rezago y a un costo razonable, las “novedades” de hace año y medio que fueron vanguardia en los distintos campos de la investigación y el conocimiento, contribuyendo así a la desinformación de los mexicanos y a la NO lectura.
El reglamento a la Ley que nos ocupa intenta justificarse como una manera de fomentar la lectura y la compra de libros, pero una ley que castiga a los consumidores, a las editoriales nacionales y evita la libre competencia controlando los precios, necesariamente tendrá efectos devastadores en nuestras industrias culturales y en la educación de los mexicanos.
Editorial Santillana, perteneciente al “Grupo Prisa”, se ostenta como líder en educación, información y entretenimiento en 22 países de habla hispana y portuguesa y cuenta entre sus empresas con influencia sobre más de 700 millones de personas. Es propietario de las editoriales “Santillana”; “Alfaguara” y entre otras, “Taurus”; “Aguilar”, “Salamandra” y “Altea”. También pertenecen a este Grupo el periódico español “El País” y las estaciones de radio conocidas como “Los 40 Principales”.
Cabe hacer notar que el Reglamento se ocupa de normar diferentes prácticas nocivas para el desarrollo de las industrias mexicanas del libro como la cancelación de las promociones que tradicionalmente llevan a cabo las tiendas de autoservicio y que atinadamente promueven la lectura mediante la figura del artículo “gancho”. Por brevedad y a manera de ejemplo, sólo destaco el contenido de los artículos 33 y 35:
Artículo 33. En los casos de venta a plazos, crédito o por suscripción, los editores o importadores podrán fijar el precio único de venta al público considerando las condiciones específicas de esas formas de venta.
Artículo 35. Ningún libro que se encuentre bajo al régimen del precio único de venta al público podrá ser objeto de dispositivos que ofrezcan beneficios al comprador tales como programas de fidelidad, cliente frecuente o similares que provean descuentos, regalos, puntos, bonificaciones o compensaciones de cualquier índole, absorción de gastos de envío o cualquier otro que implique un descuento sobre dicho precio.
Como se advierte, en este Reglamento se privilegia la legalidad de los incrementos en los precios de venta para que las empresas no mermen sus utilidades y elimina el beneficio para que los lectores no obtengan descuentos y precios accesibles por sus compras. De esta manera, el libro se convierte en un artículo de lujo para los mexicanos.
Me pregunto: ¿Debe la educación también quedar subordinada a los intereses del poder económico?
Lector, has valer nuestro Derecho a la Cultura, recientemente inscrito en los artículos 4º y 73 de nuestra Carta Magna. Los mexicanos no somos ciudadanos de tercera, ni juguete de las transnacionales.
[San Ángel, 29 de junio de 2009]
Miguel Ángel Porrúa
Librero-editor
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