UN FRACASO MONUMENTAL
La utilización de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública ha resultado un rotundo fracaso. El recrudecimiento de la violencia en los últimos días, y sobre todo en aquellos estados con mayor presencia militar como Chihuahua y Michoacán, demuestra que los militares no son más efectivos que los policías en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
La “toma” de Ciudad Juárez por los militares a partir de febrero no ha tenido los efectos esperados. Después de una reducción temporal en la cantidad de asesinatos, la violencia se ha repuntado en los últimos meses. Hoy, en promedio mueren de forma violenta seis personas al día en esta ciudad fronteriza. En una encuesta levantada por El Diario de Ciudad Juárez en mayo pasado, más de 54% de los entrevistados dijeron que la inseguridad y la violencia en esa área ha empeorado en 2009 con respecto al período correspondiente al año pasado. El excelente reportaje de Marcela Turati publicado en la edición 1706 de Proceso resume de manera elocuente el fracaso del “experimento” en Juárez.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas siguen en franco aumento. Incluso el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, declaró en su comparecencia ante el Congreso el martes 14 que “la situación de Ciudad Juárez es un ejemplo de la necesidad de que el gobierno federal replantee su estrategia de seguridad pública, ya que la actual no parece rendir los resultados esperados. Es preocupante que el despliegue de las fuerzas federales no haya detenido la violencia que genera el crimen organizado y el narcotráfico. Por el contrario, ha dado como resultado innumerables quejas por presuntos abusos contra personas inocentes”.
Los recientes informes de Human Rights Watch, así como los reportajes de The Washington Post y Los Angeles Times sobre el tema, tampoco dejan lugar a dudas. Casos como el del artero asesinato del luchador social y profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Manuel Arroyo, el pasado 29 de mayo, y los recientes asesinatos de dirigentes mormones de la comunidad de Le Baron, simbolizan nítidamente lo que ocurre ante el caos y la falta de legalidad que imperan en el país.
Con la militarización de la lucha contra el narcotráfico le ha salido el tiro por la culata al gobierno de Felipe Calderón. La presencia de los militares en las calles no ha provocado más orden, sino mayor confusión entre la sociedad. Una ciudadanía acostumbrada a ser amenazada por armas largas a plena luz del día es una población sumamente vulnerable a los ataques del crimen organizado. Pareciera que el objetivo del gobierno es que los ciudadanos perdamos nuestra capacidad de asombro, de denuncia y de protesta.
La situación actual es particularmente grave, ya que no queda claro a quién podríamos recurrir después del fracaso de las Fuerzas Armadas. La derrota definitiva de los militares dejaría abierto el camino para la propagación de milicias ciudadanas de autodefensa, tal y como ha ocurrido ante la total ausencia de la protección del Estado, por ejemplo, en las favelas de Brasil. Sin embargo, esta “solución” sólo genera mayores problemas, pues finiquita cualquier apariencia de un Estado de derecho y nos acerca a la barbarie.
El sistema de procuración de justicia del país también se encuentra en un estado desastroso. El abuso de la figura del arraigo evidencia la falta de desarrollo de un sistema de inteligencia criminal eficaz. En lugar de detener a los delincuentes una vez que la autoridad cuenta con información fidedigna respecto a los delitos cometidos, el gobierno prefiere capturar primero a los sospechosos e investigar después. Amén de ineficiente, esta estrategia implica una evidente violación a los derechos de los acusados.
Los gobiernos neoliberales siempre han insistido en que las cuestiones sociales tienen que empeorar antes de mejorar; argumentan que el sufrimiento producido en el corto plazo por la reducción del gasto público, la desregulación económica y la privatización de las empresas públicas desembocará en una mejora significativa en la economía en el largo plazo. Sin embargo, la terca realidad siempre ha desmentido este falso postulado, pues hemos visto que el dolor y los sacrificios solamente se han agravado más a partir de las recurrentes crisis de las últimas tres décadas.
Algo similar ocurre con el actual discurso con respecto a la seguridad pública. Una vez más, nuestros gobernantes buscan vendernos la necesidad de sacrificios en el corto plazo a cambio de una vaga promesa de paz y estabilidad en el futuro. Así como el agravamiento del hambre en el campo supuestamente sería un indicador del éxito de las estrategias de “ajuste estructural”, el aumento de la violencia, hoy, supuestamente revelaría el éxito de la estrategia de combate al crimen organizado. En ambos casos el gobierno miente en su afán por apaciguar a la ciudadanía.
Una vez más la opacidad sigue siendo la regla de oro. La cobarde negativa del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y la vergonzosa complicidad del PRI al respecto, recuerdan la negativa del gobierno federal para esclarecer las operaciones de Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) durante los noventa. En ambos casos el PRI y el PAN se alían con el fin de blindar el manejo del Estado mexicano del escrutinio público y la rendición de cuentas.
Así como ante la crisis financiera global resulta evidente que urge una transformación radical en la estrategia de desarrollo económico, también se requiere de un giro de 360 grados en la estrategia de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico en el país. De otra forma, los cimientos básicos del Estado moderno y de la democracia continuarán estando en riesgo.
La “toma” de Ciudad Juárez por los militares a partir de febrero no ha tenido los efectos esperados. Después de una reducción temporal en la cantidad de asesinatos, la violencia se ha repuntado en los últimos meses. Hoy, en promedio mueren de forma violenta seis personas al día en esta ciudad fronteriza. En una encuesta levantada por El Diario de Ciudad Juárez en mayo pasado, más de 54% de los entrevistados dijeron que la inseguridad y la violencia en esa área ha empeorado en 2009 con respecto al período correspondiente al año pasado. El excelente reportaje de Marcela Turati publicado en la edición 1706 de Proceso resume de manera elocuente el fracaso del “experimento” en Juárez.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas siguen en franco aumento. Incluso el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, declaró en su comparecencia ante el Congreso el martes 14 que “la situación de Ciudad Juárez es un ejemplo de la necesidad de que el gobierno federal replantee su estrategia de seguridad pública, ya que la actual no parece rendir los resultados esperados. Es preocupante que el despliegue de las fuerzas federales no haya detenido la violencia que genera el crimen organizado y el narcotráfico. Por el contrario, ha dado como resultado innumerables quejas por presuntos abusos contra personas inocentes”.
Los recientes informes de Human Rights Watch, así como los reportajes de The Washington Post y Los Angeles Times sobre el tema, tampoco dejan lugar a dudas. Casos como el del artero asesinato del luchador social y profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Manuel Arroyo, el pasado 29 de mayo, y los recientes asesinatos de dirigentes mormones de la comunidad de Le Baron, simbolizan nítidamente lo que ocurre ante el caos y la falta de legalidad que imperan en el país.
Con la militarización de la lucha contra el narcotráfico le ha salido el tiro por la culata al gobierno de Felipe Calderón. La presencia de los militares en las calles no ha provocado más orden, sino mayor confusión entre la sociedad. Una ciudadanía acostumbrada a ser amenazada por armas largas a plena luz del día es una población sumamente vulnerable a los ataques del crimen organizado. Pareciera que el objetivo del gobierno es que los ciudadanos perdamos nuestra capacidad de asombro, de denuncia y de protesta.
La situación actual es particularmente grave, ya que no queda claro a quién podríamos recurrir después del fracaso de las Fuerzas Armadas. La derrota definitiva de los militares dejaría abierto el camino para la propagación de milicias ciudadanas de autodefensa, tal y como ha ocurrido ante la total ausencia de la protección del Estado, por ejemplo, en las favelas de Brasil. Sin embargo, esta “solución” sólo genera mayores problemas, pues finiquita cualquier apariencia de un Estado de derecho y nos acerca a la barbarie.
El sistema de procuración de justicia del país también se encuentra en un estado desastroso. El abuso de la figura del arraigo evidencia la falta de desarrollo de un sistema de inteligencia criminal eficaz. En lugar de detener a los delincuentes una vez que la autoridad cuenta con información fidedigna respecto a los delitos cometidos, el gobierno prefiere capturar primero a los sospechosos e investigar después. Amén de ineficiente, esta estrategia implica una evidente violación a los derechos de los acusados.
Los gobiernos neoliberales siempre han insistido en que las cuestiones sociales tienen que empeorar antes de mejorar; argumentan que el sufrimiento producido en el corto plazo por la reducción del gasto público, la desregulación económica y la privatización de las empresas públicas desembocará en una mejora significativa en la economía en el largo plazo. Sin embargo, la terca realidad siempre ha desmentido este falso postulado, pues hemos visto que el dolor y los sacrificios solamente se han agravado más a partir de las recurrentes crisis de las últimas tres décadas.
Algo similar ocurre con el actual discurso con respecto a la seguridad pública. Una vez más, nuestros gobernantes buscan vendernos la necesidad de sacrificios en el corto plazo a cambio de una vaga promesa de paz y estabilidad en el futuro. Así como el agravamiento del hambre en el campo supuestamente sería un indicador del éxito de las estrategias de “ajuste estructural”, el aumento de la violencia, hoy, supuestamente revelaría el éxito de la estrategia de combate al crimen organizado. En ambos casos el gobierno miente en su afán por apaciguar a la ciudadanía.
Una vez más la opacidad sigue siendo la regla de oro. La cobarde negativa del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y la vergonzosa complicidad del PRI al respecto, recuerdan la negativa del gobierno federal para esclarecer las operaciones de Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) durante los noventa. En ambos casos el PRI y el PAN se alían con el fin de blindar el manejo del Estado mexicano del escrutinio público y la rendición de cuentas.
Así como ante la crisis financiera global resulta evidente que urge una transformación radical en la estrategia de desarrollo económico, también se requiere de un giro de 360 grados en la estrategia de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico en el país. De otra forma, los cimientos básicos del Estado moderno y de la democracia continuarán estando en riesgo.
JOHN M. ACKERMAN. PROCESO. CARTÓN DE HERNÁNDEZ.
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